URBS.NET. ISSN 15.759.415  

AÑO II. Nº 8

                              URBS. NET
                                    LA REVISTA 

                                                                            Agosto- Septiembre, 2001

                                                Urbs. net / La Revista 
                                            Director: Enrique Sánchez Goyanes

                                            Consejo Asesor

   Ricardo Alonso Fernández, Abogado (Ernst & Young DJT, Madrid); Técnico Urbanista. 
   Rafael Ayala González, Abogado (Ciudad Real); Técnico Urbanista. 
   Ángel Ballesteros Fernández, Secretario de Administración Local; Técnico Urbanista.
   Avelino Blasco Esteve, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de las Islas Baleares. 
   Julio Castelao Rodríguez, Doctor en Derecho, Secretario de Administración Local; Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid.
   Miguel Corchero Pérez, Abogado (Cáceres).
   Ana Mª Echeandía Mota, Vicesecretaria General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
   Javier García-Bellido García de Diego, Arquitecto.
   Pedro María García Capdepón, Abogado (Garrigues & Andersen, Madrid y Valencia).
   Javier García Martínez, Secretario General adjunto del Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra); Técnico Urbanista. 
   Fernando García Rubio, Consejero Técnico del Ayuntamiento de Madrid, Abogado, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid. 
   José Antonio García Tortajada, Secretario General de la Diputación Foral de Álava. 
   Sebastián Grau Ávila, Secretario General de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona; Técnico Urbanista. 
   Beatriz Lobón Cerviá, Coordinadora de Servicios de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. 
   Pilar Lou Grávalos, Jefa del Servicio de Urbanismo de la Diputación General de Aragón. 
   Ángel Mª Marinero Peral, Arquitecto, Jefe del Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. 
   Jeroni M. Mas i Rigó, Secretario General adjunto del Consell Insular de Mallorca (Baleares). 
   Mariano de Oro-Pulido y López, Magistrado del Tribunal Supremo.
   José María Requena Laviña, Abogado.
   Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Magistrado del Tribunal Supremo. 
   Federico Romero Hernández, Secretario General del Ayuntamiento de Málaga, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga. 
   Federico Ros Cámara, Abogado (Martínez Campillo & Ros Urbanistas, Alicante), Técnico Urbanista. 
   Ricardo Santos Diez, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Licenciado en Derecho; Técnico Urbanista. 
   José Valdés Cao, Secretario General del Ayuntamiento de Avilés (Asturias); Técnico Urbanista. 

   ÍNDICE DEL NÚMERO

   DOCTRINA

    Dictamen sobre la corrección jurídica de la tramitación, instada por entidad particular, de Plan Especial en suelo urbano, en el Concejo de San Martín del Rey Aurelio (Principado de Asturias), por Enrique Sánchez Goyanes.

   CURSOS

   Jornadas sobre la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid

                                     ENRIQUE SÁNCHEZ GOYANES

                       Abogado. Profesor Doctor de Derecho Administrativo
                                 de la Universidad Autónoma de Madrid. 

          

   DICTAMEN SOBRE LA CORRECCIÓN JURÍDICA DE LA TRAMITACIÓN, INSTADA POR ENTIDAD PARTICULAR, DE PLAN ESPECIAL EN SUELO URBANO (UNIDAD DE EJECUCIÓN EE. 14 CARROCERA), EN EL CONCEJO DE SAN MARTÍN DEL REY AURELIO (PRINCIPADO DE ASTURIAS)

                                             

   A la vista de la petición de Dictamen trasladada por el Sr. Alcalde de San Martín del Rey Aurelio (Principado de Asturias) con relación a propuesta de PERI presentada para su tramitación por Área de Servicio La Laguna, S. A., y sobre la base de los Antecedentes de hecho enumerados en el relato obrante en el expediente -que se da aquí íntegramente por reproducido, en evitación de ociosas reiteraciones-, el Letrado que suscribe establece las siguientes 

                                      C O N S I D E R A C I O N E S.

   Primera. Naturaleza jurídica del instrumento sometido a tramitación; régimen legal que le resulta aplicable- 

   Ante todo, convendremos en que, pese a que el proponente no precisa el carácter del Plan Especial cuya tramitación solicita, por su propia naturaleza resulta ser un Plan Especial de Reforma Interior (PERI). 

   Para llegar a esta conclusión, basta no sólo con comprobar su imposible subsunción en los otros supuestos de Planes Especiales contemplados en la legislación urbanística sino con analizar someramente los fines que se propone, que no son otros sino el otorgar una desarrollada ordenación urbanística integral para un completo ámbito del suelo urbano del término municipal.

   Este fin, explícitamente confesado, permite clasificarlo sin dificultad dentro del grupo señalado de los Planes Especiales, en línea con lo postulado desde la doctrina más autorizada. 

   Por lo dicho, le son exigibles los requisitos sustantivos y formales específicos para este tipo de instrumentos en la legislación urbanística aplicable en Asturias, concretamente el TRLS-1.976 y el RP, dado que, en esta materia, no existe una legislación autonómica que desplace esta regulación supletoria estatal.

   Pues bien, sentado esto, se puede anticipar que la Corporación municipal no sólo podía adoptar la resolución cuestionada, sino que, atendida la jurisprudencia del Tribunal Supremo, estaba obligada a adoptarla, como resulta de las siguientes Consideraciones.
   
   Segunda. Inexistencia de un derecho subjetivo de los particulares a la tramitación de modificaciones del planeamiento general; vinculación de cualquier alteración del planeamiento urbanístico a las exigencias del interés general; proscripción de su condicionamiento por el interés particular.-

   1. Los particulares no tienen un derecho subjetivo a obtener la tramitación de las modificaciones del planeamiento general. El PERI litigioso la implicaba, aunque, salvo error en el examen del expediente, no consta que los promotores acompañaran a aquél la propuesta documental de modificación correlativa de las Normas Subsidiarias -lo que significaría que pretendían también la asunción de su coste material por la propia Corporación-.

   En todo caso, lo relevante es que se ha pretendido promover un PERI en desarrollo de un planeamiento general vigente contraviniendo las previsiones básicas del mismo para el ámbito de aquél -basta comprobar cómo se altera radicalmente la previsión de usos predeterminada y, por ende, la correlativa funcionalidad de este sector del suelo urbano en el diseño general de la ordenación territorial elegida por el planificador público-.

   Ello -de acuerdo con la doctrina jurisprudencial recaída en casos análogos- comporta la procedencia de denegar de plano la aprobación inicial del planeamiento de desarrollo propuesto, sin necesidad de suscitar mayor tramitación, dada su radical inviabilidad:

   “Fue conforme a Derecho que el Ayuntamiento denegara la aprobación inicial, pues, si bien es cierto que los particulares tienen derecho a la tramitación de los Planes que se deban a su iniciativa y que, en consecuencia, la Administración no debe cercenar a limine esa tramitación, también lo es que ese derecho quiebra en los casos en que el Plan proyectado viole de forma clara, palmaria y manifiesta el Plan General, pues en tal caso razones de economía y de lógica imponen el inicial rechazo del proyecto” (STS de 25 de septiembre de 1.997 -Ar. 6.604-).

   2. A mayor abundamiento, es de recordar que la potestad ordenadora ejercida al aprobar el planeamiento urbanístico con sus disposiciones normativas -sea promovido por Entidades públicas sea promovido por particulares- está sujeta a límites, que, al margen del aparente panorama casuístico deducible de la jurisprudencia de nuestros Tribunales, pueden sistematizarse con cierta facilidad.

  Ante todo, como cualquier otra actuación administrativa, está subordinada a los principios inspiradores de ésta (art. 103.1 CE), y, por ello, el servicio del interés general se yergue ante el planificador como primer principio rector que debe iluminar las determinaciones adoptadas a través de los Planes y sus Ordenanzas, primero en la concepción de conjunto pero después también a la hora de elegir una de entre las alternativas posibles para las distintas determinaciones concretas para las diferentes clases de suelo y zonas de las mismas.

 Al respecto, la STS de 15 de junio de 1.998 (Ar. 5.433) recuerda exte axioma con nitidez:

   “Es incuestionable que la Administración, en el ejercicio de sus facultades de planificación urbanística, tanto en la formación de los Planes de Ordenación como en su revisión o modificación, ostenta la prerrogativa del “ius variandi”, reflejada en los artículos 47-49 TRLS-1.976, entre otras normas, y esta prerrogativa concede a la Administración una libertad de actuación normativa que, desde luego, no puede cubrir una actuación arbitraria o carente de lógica, puesto que, como bien sabemos, tal libertad o facultad discrecional es el instrumento que ha de encauzar del modo más perfecto posible el logro de la satisfacción del interés general o público, que, en definitiva, es el elemento legitimador del ejercicio de esa discrecionalidad, y siempre en armonía con los intereses de los particulares de modo que éstos se vean afectados negativamente en la menor medida de lo posible dentro de ese contexto de la prevalencia del interés general.” 

   3. El apartamiento de su fin natural hace sucumbir cualquier manifestación del ejercicio de esta potestad. Así lo enfatizan las SSTS de 21 de enero de 1997 (Ar. 1.865) y 27 de noviembre de 1.998 (Ar. 9.609). 

   La primera se refiere a una recalificación de terreno -en Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife)- en cuya virtud éste pasaba de “agrícola protegido” a “urbanizable industrial”. Tras examinar con detenimiento las circunstancias concurrentes -recentísima aprobación de las Normas Subsidiarias, diseño en ellas de otra zona para el desarrollo industrial de la población, etc.-, el juzgador llega a la conclusión de que el planificador ha alumbrado una desviación de poder (lo que comporta la anulación del cambio introducido) porque: “No es el interés general el que se propuso al modificar las Normas Subsidiarias, sino el particular”. 

   La segunda concierne a una modificación de planeamiento impulsada por la propia Corporación Local -en Escalante (Cantabria)- para resolver el problema que ella misma se ha creado al otorgar una licencia ilegalmente; también es sancionada adicionalmente con el reproche de haber incurrido en desviación de poder, determinante de la anulación de aquélla.

  Y, por supuesto, la vinculación del planificador a la Ley y al Derecho es el segundo  principio, también de rango constitucional (art. 103.1 CE, in fine), íntimamente entrelazado con el primero, al que ha de atenderse, el cual se proyecta no sólo en la necesidad de cumplimentar las prescripciones de la legislación sectorial respectiva -a la que más adelante se prestará atención-, sino en atender a las exigencias del Derecho en toda su extensión, de las cuales, aquí, interesa destacar, ante todo, las derivadas de los principios generales consagrados en la misma Ley Fundamental, por la enorme virtualidad que han desplegado para frenar las eventuales veleidades del planificador urbanístico.

   4. Combinados ambos principios, se entiende rápidamente que no puedan servir como límite a la potestad municipal de planeamiento, por ejemplo, los convenios entre la Administración y los particulares, con independencia de las consecuencias que en otro orden el apartamiento por aquélla de su clausulado pudiera comportar (STS de 29 de septiembre de 1.998, Ar. 6.953).

   5. De todo ello se infiere que, en el caso concreto planteado, donde sólo queda acreditado el interés particular -pero no el interés general- en promover una reordenación integral de un sector del suelo urbano del término municipal, la aprobación solicitada no sólo no podía otorgarse -al margen ya de las precedentes consideraciones y de las restantes que se verán- sino que, de haberse otorgado, habría podido resultar subsumible en un supuesto de desviación de poder que, de acuerdo con la jurisprudencia antes citada, habría determinado su anulación judicial.

   Tercera. Necesidad de partir de la confrontación entre la ordenación propuesta en el PERI y la ordenación preestablecida desde el planeamiento general; articulación del ordenamiento general y el de desarrollo en torno al principio de jerarquía normativa.-

   Hay que partir del dato de que la viabilidad del PERI ha de ser enjuiciada a la luz de la ordenación urbanística vigente en el ámbito para el cual aquél se proyectó, dejando al margen otras circunstancias tales como el deseo de la Corporación municipal de proceder a la modificación de aquel marco superior -aunque luego se prestará atención a la relevancia de este deseo y las primeras medidas en que se ha materializado-.

   Las determinaciones propuestas por el PERI, al vulnerar frontalmente las correspondientes para ese ámbito del planeamiento general -las Normas Subsidiarias del Planeamiento-, implicaban -como antes se ha anticipado- ruptura del principio de jerarquía normativa.

   Cuarta. La flexibilización del principio de jerarquía normativa en la relación planeamiento general-PERI no llega al extremo de amparar vulneraciones frontales como las propuestas en el PERI cuestionado.-

   1. Aun cuando la jurisprudencia ha flexibilizado la interpretación del principio de jerarquía normativa precisamente a propósito de las relaciones entre el planeamiento general y determinados Planes Especiales, sin embargo, tal flexibilización no llega hasta el punto de poder amparar situaciones de imposible compatibilización como la que se desprendía de la propuesta de PERI cuestionado.

   2. Ante todo, y centrándonos en los PERIs, hay que advertir que en el sistema urbanístico español coexisten actualmente dos modelos distintos de relación entre el planeamiento general -fundamentalmente, los Planes Generales de Ordenación Urbana, pero igualmente las Normas Subsidiarias de Planeamiento-: El modelo del TRLS-1.976 (aplicable supletoriamente en las Comunidades que no disponen de legislación propia al respecto y también en Cataluña y en Galicia, cuyas legislaciones privativas se inspiran en aquel modelo estatal) y el modelo del TRLS-1.992 (aplicable en aquellas Comunidades que han asumido este Texto como legislación autonómica propia -Cantabria, Extremadura y Andalucía- y en alguna otra, como Navarra, donde su legislación específica ha acogido este mismo modelo).

   Prestaremos especial atención al primer modelo aquí, ya que es el directamente aplicable en el Principado de Asturias al servir en este momento el TRLS-1.976 en la materia que nos ocupa como Derecho supletorio, sin perjuicio de efectuar alguna referencia al segundo modelo, para dejar trazada las diferencias entre ambos.

   3. En el TRLS-1.976, la relación planeamiento general-PERI reviste ciertos rasgos específicos que la diferencian de la relación típica planeamiento general-planeamiento especial.

   De acuerdo con el art. 23 TRLS-1.976, existen en puridad dos tipos de PERI:

   - Aquéllos que tienen por objeto la realización de operaciones de reforma interior previstas en el planeamiento general. 

   - Y aquéllos que tienen por objeto la realización de operaciones de reforma interior no previstas en el planeamiento general.

   En el primer caso -que sería el concurrente en el supuesto aquí analizado-, el PERI debe ajustarse a las determinaciones del planeamiento superior y nunca puede llegar a sustituir al planeamiento general como instrumento de ordenación integral del territorio.

   En el segundo, se establece únicamente como límite al desenvolvimiento del PERI la prescripción de que éste no puede modificar la estructura fundamental del planeamiento general, lo que se ha interpretado doctrinal y jurisprudencialmente en el sentido de que la legislación urbanística otorga a este tipo de Planes un ámbito propio de actuación más amplio que a los restantes Planes Especiales.

   3. La capacidad innovadora de los PERIs de la segunda clase tiene un amplio alcance pues, aparte de lo antes dicho, el concepto de “estructura fundamental” se ha interpretado de modo que resulta identificable simplemente con aquellas determinaciones relativas a los elementos fundamentales de la estructura general y orgánica de la ordenación del territorio. Al reducirse así los límites para el desenvolvimiento de estos PERIs, su ámbito, su margen de actuación, se ensancha paralelamente.

   PAREJA incluso ha llegado a decir de este instrumento que es el único que puede llegar a sustituir las determinaciones del planeamiento superior de modo generalizado.

   4. Sin embargo, en el modelo del TRLS-1.992, no se prevé la hipótesis de PERIs formulados para operaciones no contempladas en el planeamiento general, mientras que, por el contrario, lo que queda claro es que éste último ha de contener siempre “los usos, intensidades y tipologías edificatorias resultantes de las operaciones de refoma interior a desarrollar mediante planeamiento especial, salvo que el ámbito de este planeamiento constituya un área de reparto independiente”.

   Esta prescripción legal ha conducido a la doctrina, mayoritariamente, a la conclusión de que -en las Comunidades donde rige este modelo ahora- se ha puesto fin con ella a la existencia de PERIs para operaciones de reforma interior no previstas en el planeamiento general, tanto operaciones aisladas cuanto integradas, puesto que parece un contrasentido el planteárselo, incluso: Si necesariamente el planeamiento general ha de efectuar las señaladas determinaciones, obviamente está predeterminada ya la operación de que se trata; y, si no cabe la omisión de tales determinaciones, evidentemente no caben tampoco operaciones no previstas en el planeamiento general.

   5. Sea como fuere, incluso los PERIs previstos en el planeamiento general pueden adoptar dos modalidades:

   a) PERIs que tienen por objeto actuaciones aisladas y proceden simplemente a una alteración puntual de la ordenación establecida para el suelo urbano en el planeamiento general ya que ello es algo inherente a este tipo de intervenciones, sobre todo cuando su objetivo es la creación de algún espacio libre o dotación comunitaria, pues su formulación misma produce una nueva y distinta calificación urbanística como requisito previo a la ejecución de la operación.

   b) PERIs que tienen por objeto verdaderas operaciones integradas y que pueden llegar a suponer una sustitución virtual de gran parte de las determinaciones del planeamiento general en el respectivo sector de suelo urbano, aun debiendo respetar los objetivos planteados en éste para la reforma.

   6. En ambos casos, obviamente, siempre existirán determinaciones del planeamiento general que el PERI no podrá alterar nunca, sin vulnerar el principio de jerarquía normativa, pues este principio aparece relativizado en la relación planeamiento general-planeamiento especial pero no suprimido.

   Así, en primer lugar, es cierto que tal principio ha de entenderse relativizado o flexibilizado en la relación que nos ocupa, pues, como señala la STS de 6 de junio de 1.990 (Ar. 4.814):

   “(De) la naturaleza normativa del planeamiento deriva la aplicabilidad en su ámbito del principio de la jerarquía normativa”.

   Pero tal aplicabilidad está sujeta a determinados matices:

   “De un lado, por la concepción abierta y evolutiva de los Planes Generales; de otro, por la peculiaridad de los Planes Especiales: A diferencia de los Planes Parciales, los Especiales no son simple desarrollo y concreción del Plan General, pues, en razón de su específica finalidad, disponen de un amplio margen de apreciación para el logro de su objetivo”.

   Por ello, precisamente, a este tipo de Planes (SSTS de 21 de marzo de 1.984 -Ar. 1.393- y 17 de junio de 1.992 -Ar. 5.160-):

   “Debe reconocérseles la autonomía y campo de actuación propio que es imprescindible para que puedan cumplir los fines específicos que los justifican, siempre y cuando respeten la... estructura orgánica de ordenación del territorio y (las) determinaciones generales de orden fundamental configuradas en el Plan General”.

   Ahora bien, importa subrayar que tales determinaciones habrán de ser las enumeradas legalmente, y no cualesquiera otras que el planeamiento general contenga rebasando su función propia en relación con ese suelo urbano remitido.

   En este sentido, se ha pronunciado la STS de 15 de noviembre de 1.995 (Ar. 8.335), que mantiene, incluso respecto a PERIs para operaciones no previstas en el planeamiento general, que han de respetar la estructura fundamental de la ordenación prevista en el mismo, esto es, la definición y asignación de usos globales, y la definición de los sistemas generales, sin perjuicio de añadir que:

   “Ésas y no otras son las determinaciones del Plan General que no pueden ser modificadas por los Planes Especiales de Reforma Interior.”

   La doctrina científica -y, en gran medida, la tendencia jurisprudencial mayoritaria- implícita o explícitamente vienen a reconocer que las determinaciones del planeamiento general con relación a ese suelo urbano remitido que el PERI derivado habrá de respetar en todo caso -junto a los sistemas generales propiamente dichos- son las enunciadas en el art. 29.1.b) RP, según el cual:

   “1. En suelo urbano, los Planes Generales contendrán, además de las determinciones de carácter general, las siguientes:

   b) Señalamiento de aquellas áreas en las que se prevean operaciones de reforma interior, que requieran la formulación de un Plan Especial de este carácter. Para dichas áreas, el Plan General deberá fijar explícitamente los objetivos que la reforma se propone y, al menos, los usos e intensidades de los mismos que habrán de resultar de la reforma prevista.”

   En definitiva: Incluso en la hipótesis de PERIs a los que se reconoce la mayor flexibilidad para desenvolverse en el marco del planeamiento general preexistente, existen límites que no pueden traspasarse, y tales límites infranqueables han sido claramente rebasados en el caso concreto aquí enjuiciado pues es manifiesto que los objetivos pretendidos para el ámbito controvertido desde el planeamiento general vigente no coinciden con los confesados en el PERI propuesto y que los usos globales predeterminados desde aquél tampoco coinciden -los altera radicalmente- con los definidos en éste.

   Ello abona sobradamente por sí solo la denegación de plano de la tramitación del PERI presentado.

   7. A lo anterior, no es óbice el que, respetando las señaladas determinaciones, la doctrina de nuestros Tribunales haya configurado un campo de desenvolvimiento amplio para estos Planes pues les permite efectuar pequeñas alteraciones de las determinaciones del planeamiento general sobre la base de la necesidad de adaptar éste a una realidad viviente y cambiante como es la ciudad (SSTS de 13 de diciembre de 1.985 -Ar. 6.392- y 3 de diciembre de 1.986 -Ar. 987-), llegando algún pronunciamiento a estimar consustancial a su función el modificar alguna calificación concreta de suelo -especialmente cuando se proponen crear dotaciones o descongestionar sectores del suelo urbano- (STS de 21 de marzo de 1.990 -Ar. 2.250-).

   En ese contexto, los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo han dado por bueno que determinados PERIs efectuaran alteraciones en el planeamiento general tales como las siguientes:

    - Disminución de las alturas respecto a las máximas autorizadas por el planeamiento general.

   - Reducción de la cifra máxima de densidad de vivienda por hectárea prevista por el planeamiento general.

   - Incremento de los terrenos destinados a espacios verdes y equipamientos.

   - Reajuste de alineaciones.

   No obstante, ocasionalmente, determinaciones aparentemente similares han sido consideradas excesivas en algunos Planes de esta misma naturaleza, en lo que es manifestación de una tendencia menos flexible que, no por minoritaria, deber ser ignorada.

   Sea como fuere, lo que interesa aquí constatar es que cabe, en efecto, una virtualidad innovativa en los PERIs, pero siempre dentro de los límites arriba señalados, que, al haber sido traspasados en el caso aquí enjuiciado, hacen forzoso un pronunciamiento desfavorable sobre su viabilidad jurídica en el contexto del planeamiento vigente.
 
   Quinta. Carencia de Memoria con los requisitos legalmente exigibles en el PERI proyectado.-

   1. A mayor abundamiento, el PERI proyectado carecía de Memoria y Estudio Económico-Financiero con los requisitos exigidos por la jurisprudencia para este tipo de instrumentos urbanísticos.

   2. El art. 77.1 RP dispone que los Planes Especiales contendrán las determinaciones necesarias para el desarrollo del planeamiento en cuyo marco se dicten, e incluso los Planes autónomos -independientes del planeamiento territorial y urbanístico- destinados a la ejecución de infraestructuras “deberán contener las determinaciones propias de su naturaleza y finalidad, debidamente justificadas y desarrolladas”.

   Pues bien, tales determinaciones habrán de concretarse, según el apartado 2 inmediato, en los documentos siguientes:

   - Memoria descriptiva y justificativa de la conveniencia y oportunidad del Plan Especial de que se trate.

   - Estudios complementarios.

   - Planos de información y de ordenación a escala adecuada.

   - Ordenanzas, en su caso.

   - Normas mínimas a que hayan de ajustarse los proyectos técnicos cuando se trate de desarrollar obras de infraestructura y de saneamiento.

   - Estudio Económico-Financiero.

   En el caso concreto de los PERIs, será preceptiva, en todo caso, la exigencia de las Ordenanzas [art. 77.2.d) RP], y, además, el contenido de la necesaria documentación tendrá una precisión igual a la de los Planes Parciales, salvo que alguno de los documentos de éstos fuere inncesario por no guardar relación con la reforma propuesta (art. 77.3 RP).

   3. Así pues, se hace necesario -por su relevancia en el caso concreto aquí enjuiciado- examinar con mayor detenimiento cuál es la caracterización de los documentos denominados “Memoria” y “Estudio Económico-Financiero”, especialmente a la luz de la exégesis de los mismos debida a nuestros Tribunales.

   4. La Memoria es, en nuestra tradición jurídico-urbanística, un documento de carácter explicativo, en el que la Administración autora del proyecto de Plan expone los fines y objetivos que se propone con la ordenación por la que ha optado y las razones que le han conducido precisamente a esa opción y no a otra. 

   Partiendo de la naturaleza normativa -reglamentaria- de los Planes urbanísticos, se ha equiparado comúnmente a la Memoria de éstos con la Exposición de Motivos o Preámbulo de las Leyes o Reglamentos, si bien se le dota, también en general entre la doctrina especializada y en la jurisprudencia, de una relevancia jurídico-cualitativa superior.

   En nuestro sistema jurídico, los Preámbulos o Exposiciones de Motivos de los textos normativos pueden existir o no, sin que su ausencia tenga consecuencia alguna para la validez de la parte dispositiva. Pero los Planes urbanísticos tienen que estar dotados necesariamente de su respectiva Memoria porque en nuestra legislación y cultura urbanísticas aparece la misma perfilada como documento esencial de aquéllos, vehículo para exteriorizar las razones justificativas y legitimadoras de la opción ejercitada al amparo de la amplia discrecionalidad característica de la potestad de planeamiento, opción por una determinada concepción de desarrollo territorial, que, a la vez, comporta una delimitación, ocasionalmente drástica, del derecho de propiedad de los titulares de los terrenos afectados.

   En definitiva, la Memoria “no es un documento accidental, que pueda existir o no, sino una exigencia insoslayable de la Ley” (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1.991 -Ar. 314 de 1.992-).

   5. Por eso, precisamente, la legislación urbanística la define con precisión para cada tipo de Plan, con más o menos matices según la funcionalidad del respectivo tipo, existiendo la previsión que ya conocemos para el caso de los Planes Especiales. Según dicha previsión, éstos han de contener una Memoria con el grado de precisión adecuado a sus fines [art. 77.2.a) en relación con el 77.3 RP], partiendo, obviamente, de que, de acuerdo con la definición de la Memoria-tipo ofrecida por el art. 38 RP, ésta ha de establecer las conclusiones de la información urbanística que condicionen la ordenación del territorio, analizar las distintas alternativas posibles y justificar el modelo elegido, para lo cual constará, entre otros extremos, de:
   
   - los objetivos y criterios de la ordenación del territorio,
   
   - la justificación de la conveniencia y oportunidad de la formación del Plan,

   - el examen y análisis ponderado de las diferentes alternativas contempladas,

   - la justificación del modelo de desarrollo elegido y de la ordenación propuesta (art. 38.1º, 3º, 4º y 5º RP).

   6. Por todo ello, se ha ido poniendo progresivamente el énfasis -tanto por la doctrina científica como por la jurisprudencia de nuestros Tribunales de lo Contencioso-Administrativo- en la necesidad de la Memoria y de su cuidada elaboración pues a su través la Administración ha de cumplir su deber de motivación de la actuación discrecional mediante ella ejercitada y, a la vez, justificar la elección escogida -deber análogo a aquél que también tiene de referir sucintamente los hechos y fundamentos de Derecho en los que apoya aquellas decisiones de contenido discrecional enumeradas en el art. 54 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre-.

   Pero, además, ha venido en conformarse la Memoria como un verdadero canon hermenéutico de interpretación del contenido normativo del Plan, que llega incluso a tener la virtualidad de integrar sus determinaciones cuando éstas se revelan insuficientes u oscuras.

   Para la doctrina de nuestros Tribunales, la Memoria es esencialmente el documento que ofrece la motivación del Plan, haciendo así públicas las razones que justifican la ordenación proyectada:

   “La Memoria integra ante todo la motivación del Plan, es decir, la exteriorización de las razones que justifican el modelo territorial elegido y, por consecuencia, las determinaciones del planeamiento” (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1.991 -Ar. 314 de 1.992- y 13 de febrero de 1.992 -Ar. 2.828-; análogamente, las de 2 de enero de 1.992 -Ar. 692- y 1 de septiembre de 1.993 -Ar. 6.616-).

   Del mismo modo, como se recordará más adelante, también en la Memoria habrá que explicitar los motivos de las modificaciones que el contenido del Plan sometido a debate vaya experimentando a lo largo de su tramitación, especialmente después de la información pública (Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1.991 -Ar. 8.805- y 15 de diciembre de 1.992 -Ar. 9.834-).

   Concretamente, para el caso de modificaciones introducidas por la Administración autonómica en la aprobación definitiva de los Planes, se ha fallado que han de estar igualmente explicitadas en la Motivación del Plan respectivo, no sólo porque como las restantes determinaciones de éste han de estar justificadas y explicadas, sino también porque se cumple así adicionalmente con el deber de justificar la competencia autonómica ejercitada (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1.992 -Ar. 9.834-).

   7. En cuanto a los efectos de la inexistencia o defectuosa configuración de la Memoria, los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo oscilan entre una tendencia que consiste a otorgar a la Memoria una relevancia jurídico-cualitativa de carácter sustantivo y no meramente formal, tendencia para la cual, por tanto, tal omisión o defectuosa conformación de la Memoria puede perfectamente integrar un vicio de anulabilidad máxime si se ha causado indefensión de los interesados (Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de abril de 1.986 -Ar. 2.967-) y otra tendencia para la cual la omisión o defectuosa cumplimentación de la Memoria es, ante todo, una infracción formal, por lo que los efectos de tales circunstancias serán los propios de ésta. Es decir, constituirán un vicio de anulabilidad o una mera irregularidad no invalidante según que el interesado haya sufrido indefensión o no, entendiéndose siempre que la sufre cuando no resulta posible -con el texto de la Memoria- conocer las razones en las que se funda la ordenación propuesta y ello impide realizar una adecuada defensa de la propia posición frente a ella en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva (Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1.992 -Ar. 2.828- y 13 de junio de 1.994).

   Precisamente, la última de las Sentencias citadas, en un supuesto de Modificación de planeamiento, donde se discute la exigibilidad de un Estudio que explique la incidencia de la misma sobre el Plan General preexistente -desempeñando, pues, la función de la Memoria-, afirma que:

   “La documentación de la Modificación tiene un gran valor informativo para los afectados por ella y para el público en general, información que es un derecho de los ciudadanos... y a la que tienen acceso mediante la publicación de la Modificación... que propicia, en definitiva, su derecho de participación.”.

   Y falla posteriormente que el vicio en que consiste la ausencia de tal justificación o explicación incurre en la infracción entonces -cuando sucedieron los hechos enjuiciados- prevista en el art. 48.2 LPA, ya que:

   “Es un requisito indispensable para la finalidad de la Modificación llevada a cabo y, además, su no publicación como parte de la documentación de la Modificación puede dar lugar a la indefensión, sin duda, no sólo de personas directamente interesadas o afectadas por aquéllas sino de aquellos ciudadanos que puedan, por aquella carencia, ejercer la acción que les brinda el art. 235 de la Ley.”

   8. Desde otra perspectiva, un sector de la doctrina científica -DELGADO BARRIO, TRAYTER, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ- y una tendencia mayoritaria de la jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1.991 -Ar. 314 de 1.992- y 13 de febrero de 1.992 -Ar. 2.828-),  partiendo del axioma de que, en nuestro sistema constitucional, lo no justificado o motivado es por este solo hecho ya arbitrario, erige la Memoria en parámetro para enjuiciar la racionalidad del planificador, de tal modo que es el valladar para la arbitrariedad a que éste eventualmente puede deslizarse, y, en consecuencia, estima anulable aquel Plan o parte del Plan sin motivación o con motivación insuficiente.

   Un sector doctrinal minoritario -DESDENTADO-, sugiere, sin embargo, distinguir entre “motivos” -razones justificativas- y “motivación” -su exteriorización formal-, para atribuir sólo a la omisión de aquéllos -y no a la de ésta- los efectos invalidantes señalados. No obstante, ello supone virtualmente echar sobre el administrado la carga de acreditar la inexistencia de tales motivos o razones para poder combatir con éxito el Plan que estima lesivo a su interés o al interés general, generándole indefensión, lo cual resulta inadmisible por aplicación del principio de la buena fe a las reglas generales sobre distribución de la carga de la prueba, ya que éste conduce a que sea la Administración la que justifique la elección realizada, reputándose tal elección como arbitraria en caso de falta de justificación de la misma.

   9. En estas condiciones, la Memoria del PERI proyectado, que se propone -no se olvide- alterar sustancialmente la ordenación preestablecida desde el planeamiento superior para el ámbito territorial a que afecta es manifiestamente insuficiente para cumplir con las exigencias que hemos visto le requiere hoy la jurisprudencia, toda vez que la única justificación ofrecida para la drástica alteración de las previsiones urbanísticas es (pág. 4) que “la entidad propietaria, tras estudiar las necesidades de la zona... (que no explica cuáles son, ni tampoco cómo las ha estudiado, o dónde están los estudios que soporten tal conclusión), llega a la conclusión de que sería más conveniente (no se dice para quién, aunque es fácil deducir que para la propia promotora esencialmente) la creación de una gran área de dotaciones (...) que otro polígono industrial”.

   No hay examen de alternativas técnicas, ni ponderación entre ellas, ni fundamentación en el interés general alguna, razones todas ellas que abonan la conclusión de la manifiesta insuficiencia de la Memoria en los términos señalados.

   Sexta. Carencia de un Estudio Económico-Financiero en los términos legalmente requeridos en el PERI proyectado.-

    1. El Estudio Económico-Financiero requerido para los Planes Especiales ha de contener una evaluación económica de la ejecución de las obras a realizar y de la implantación de los servicios necesarios, con especificación de las obras y servicios que se atribuyen al sector público y al privado, indicando en el primer caso los entes públicos concretos que se responsabilizan de la inversión.

    2. En el caso concreto de los PERIs (a los que pueden aproximarse los Planes Especiales de ejecución de infraestructuras cuando, de hecho, suponen la reordenación urbanística -es decir, modificación de la ordenación previa- de un espacio), la legislación urbanística especifica que su Estudio Económico-Financiero ha de tener la precisión exigida para el correlativo de los Planes Parciales, es decir, conteniendo la evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización (arts. 62 y 55 RP), expresando su coste aproximado y previendo las evaluaciones de las obras y servicios enumeradas en el art. 55.2 RP -a las que habrá de efectuarse referencia “como mínimo”-:

   - explanación, pavimentación, señalización y jardinería,

   - redes de abastecimiento, riego, e hidrantes contra incendios,

   - red de alcantarillado,

   - red de distribución de energía eléctrica y alumbrado público,

   - demás redes o canalizaciones de servicios previstas en el Plan,

   - indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones y otras obras e instalaciones que exija la ejecución del Plan.

   A lo anterior, habrá de añadirse “el cálculo estimativo del coste de la expropiación” en el caso de que la actuación se vaya a desarrollar por ese sistema (art. 63.4 RP).

   3. Con este Estudio o Evaluación económica, lo que se pretende es garantizar que el planificador -tanto público como privado- ha tomado en consideración los costes y los recursos económicos disponibles a la hora de elegir una determinada ordenación territorial y que no ha optado por un modelo que posteriormente resulte irrealizable por razones económicas. En cierto modo, aquellos costes y medios prefiguran un componente de los hechos determinantes de la decisión planificadora, por lo que el Estudio ha sido interpretado no como un elemento formal, informativo, sino como un elemento ordenador, al determinar los fondos (públicos, en su caso) afectados a la realización de las actuaciones programadas, y así acertadamente ha sido puesto de relieve por BOQUERA.

   4. La jurisprudencia ha diferenciado tradicionalmente la exigencia de precisión del Estudio Económico-Financiero, considerando que en el nivel del planeamiento general el mismo puede ser -y será lo normal- simplemente genérico, sin previsiones específicas para las diversas operaciones que implique, mientras que en el nivel de los Planes Parciales y Especiales -es decir, de los Planes destinados a la materialización inmediata de las determinaciones urbanísticas- debe contenerse el detalle particularizado de los medios económico-financieros disponibles para la ejecución del Plan (Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1.977 -Ar. 3.958- y 25 de octubre de 1.980 -Ar. 3.947-) al igual que el de las partidas correspondientes a los diversos costes que dicha ejecución comporte (Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 1.988 -Ar. 2.496-, 27 de mayo de 1.992 -Ar. 4.300- y 23 de enero de 1.995 -Ar. 315-).

   Corresponde, en efecto, a estos Planes de desarrollo -Parciales y Especiales-, al igual que hoy a sus instrumentos equivalentes de la ordenación del territorio, la concreción de los medios o recursos de que se dispone y realizar una singularizada adscripción de los mismos a la ejecución de la ordenación prevista (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 1.985 -Ar. 6.216-).

   Ello significa que su Estudio Económico-Financiero o su Evaluación económica ha de relacionar explícita y claramente las fuentes de financiación que quedarán afectas a la ejecución del Plan, debiendo ser las mismas “acordes con una previsión lógica y ponderada que garantice la real posibilidad de su realización en función de la importancia de las determinaciones del planeamiento” (Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1.981 -Ar. 2.950-, 10 de mayo de 1.985 -Ar. 4.756- y 25 de mayo de 1.985 -Ar. 4.775-).

   5. Aunque la mayor parte de los pronunciamientos de este tipo -en el caso de instrumentos promovidos por la iniciativa privada- se refiere a Planes Parciales, con relación a los Especiales el Tribunal Supremo mantiene idéntica posición, como acredita en su Sentencia de 28 de enero de 1.987 (Ar. 2.029):

   “Aunque la Sala viene manteniendo un prudente criterio de flexibilidad en orden a la exigencia del Estudio Económico-Financiero, ello ha de entenderse referido a aquellos instrumentos urbanísticos de nivel superior ..., pero no a Planes Especiales de Reforma Interior privada, donde el rigor debe ser extremado con objeto de evitar posibles insolvencias posteriores o atrevimientos especulativos que lesionarían derechos de terceros.” 

    Con esta actitud rigurosa desde los Tribunales, lo que se pretende es refrenar:

   “Planificaciones ilusorias que determinan frecuentemente, bien la congelación urbanística de terrenos con fines meramente especulativos, bien la ejecución incompleta o deficiente del Plan con grave perjuicio de los intereses generales y privados que resulten afectados por el mismo” (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1.985 -Ar. 1.490-; antes, la de 25 de junio de 1.981 -Ar. 2.950-).

   Desde esta perspectiva, DESDENTADO considera las disponibilidades económicas como un factor relevante que limita la discrecionalidad de que dispone la Administración -o, en general, el planificador- para elegir una u otra ordenación urbanística, pues no se debe optar por modelos territoriales que, atendiendo a los recursos existentes, resultan de imposible o muy difícil realización.

   6. En cuanto a los efectos atribuidos por nuestros Tribunales a la deficiente cumplimentación del Estudio o Evaluación económica, ya desde la tendencia más temprana se apuntó que este componente debía considerarse un “elemento esencial del Plan” de modo que procedería declarar nulo todo aquel instrumento que careciera de un Estudio que justificara la ponderación entre el criterio del planeamiento que se sustentara y las posibilidades económicas y financieras del territorio y población (Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1.966 -Ar. 1.427-, 4 de noviembre de 1.972 -Ar. 4.692- y 25 de junio de 1.981 -2.950-), incluso -aunque parece obvio recordarlo- aun tratándose de instrumentos de iniciativa pública.

   En este sentido, la STS de 25 de junio de 1.981 (Ar. 2.950) estimó procedente la anulación de un Plan Parcial porque no contenía Estudio alguno acerca del coste de su realización y se limitaba a señalar que los medios económico-financieros estaban constituidos por los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Ayuntamiento.

   Del mismo modo, la STS de 9 de febrero de 1.982 (Ar. 930) rechazó que pudiera entenderse satisfecha la exigencia de adecuada previsión económico-financiera con la simple declaración genérica de que se incluirían en los presupuestos ordinarios y extraordinarios los medios económicos precisos para la realización de la ordenación.

   Tampoco satisfacen la exigencia legal expresiones tales como la de que:

   “Quedan garantizados los medios económicos para la construcción de las obras proyectadas”

   Ya que:

   “Dicha afirmación es simplemente teórica por carecer de concreción alguna que permita ponderar si el promotor dispone de medios económicos suficientes que garanticen la realización del Plan” (STS de 28 de julio de 1.992 -Ar. 6.209-).

   En fin, en el caso de la tramitación de un Plan Especial de Equipamientos Comunitarios, donde se carecía de referencias sobre cómo afrontar el coste de diversas operaciones necesarias para materializar el mismo, por falta de previsión de aquéllas entre las partidas del Estudio Económico-Financiero, el Tribunal Supremo acuerda la anulación de las actuaciones (la aprobación definitiva) y la reposición a un momento anterior para que se completara el Estudio, y, a la vista del mismo, se procediera (STS de 16 de diciembre de 1.992 -Ar. 9.845-).

   7. Incluso, en ocasiones en que el Estudio o Evaluación eran aparentemente correctos desde una perspectiva formal, los Tribunales han fiscalizado, a instancia de los recurrentes, si las previsiones económicas realizadas eran reales o no, proporcionadas a las determinaciones propuestas con el Plan o no, y, caso de resultar irreales o desproporcionadas, han procedido a la anulación del instrumento de planeamiento o a las determinaciones concretas carentes de cobertura (Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de enero de 1.989 -Ar. 595- y 25 de abril de 1.992 -Ar. 3.392-), si bien, en este tipo de hipótesis, el resultado final suele depender de la casuística concreta y del posterior desarrollo de la estrategia procesal elegida por las partes, factores que permiten explicar fallos diferentes para situaciones de partida aparentemente análogas.

   8. En este contexto normativo, basta con repasar las págs. 45 y 46 del documento presentado como soporte del PERI, bajo el apartado “C) Estudio Económico-Financiero”, para comprobar que no resiste el más mínimo contraste con las exigencias legales señaladas, toda vez que la llamada “estimación de costes de ejecución” no es tal, sino una pura afirmación teórica -por emplear términos acuñados en supuestos análogos por el propio Tribunal Supremo- y, en cuanto a los medios económicos con que se cuenta, simplemente no existen, o, al menos, no existe constancia de que existan, ni para tal constancia valdría evidentemente otra genérica afirmación tal como que “corresponde a la propiedad de los terrenos la financiación de las actuaciones contempladas” o que aquélla dispone de los medios necesarios, pues ese tipo de aseveraciones huérfanas de respaldo probatorio merecen la más drástica sanción por los Tribunales, según antes se ha visto.

   9. En definitiva, desde la perspectiva de su confrontación con el marco superior de la ordenación urbanística, y también a la luz de las exigencias sustantivas y formales establecidas para este instrumento urbanístico, se imponía la denegación de la aprobación inicial solicitada.

   Séptima. Relevancia de la decisión municipal de revisar la ordenación establecida en el planeamiento general para el ámbito del PERI.- 

   1. No obstante lo anterior, como antes se ha dicho, concurría otra circunstancia que ha tenido relevancia en el curso de la tramitación del expediente examinado, pero cuyo significado conviene aclarar.

   La Corporación municipal ha manifestado su deseo de proceder a una nueva ordenación urbanística para un ámbito territorial que, al menos en parte, coincide con el del PERI controvertido, deseo que ha dado lugar al inicio de la tramitación administrativa correspondiente.

   Pues bien, esta circunstancia respalda también la decisión municipal -aunque, en mi opinión, en la resolución que finalmente se dicte en contestación al recurso, basta con aludir a la fundamentación anterior (sustancialmente asumida por los Funcionarios municipales informantes en el expediente aun escogiendo otras líneas argumentales), por la solidez de la misma-

   2. Y la respalda porque el Tribunal Supremo ha acuñado recientemente la doctrina de que la aprobación inicial de una nueva ordenación territorial o urbanística para un determinado ámbito implica por sí misma la suspensión de la tramitación de los instrumentos de planeamiento de ámbito inferior aplicando analógicamente el mecanismo de la suspensión de las licencias urbanísticas -que también viene predeterminado  automáticamente por el hecho de la aprobación inicial- (STS de 27 de enero de 1.997 -Ar. 1.866-).

   Al no coincidir la ordenación contenida en el PERI tampoco con la propuesta en las nuevas condiciones de desarrollo del área aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación, es manifiesto que era perfectamente posible adoptar acuerdo en el sentido de suspender la tramitación de aquél por las razones expuestas.

   Sea como fuere, por lo antes dicho, la fundamentación preferente y el sentido concreto de la resolución municipal deberían ser los establecidos en las consideraciones que preceden a ésta.

   Octava. Otras cuestiones suscitadas.- 

   1. Deteniéndonos en las diversas cuestiones concretas sobre las que también se solicitó en su momento un primer pronunciamiento de urgencia, y empezando por la retroacción de actuaciones al momento anterior al de la resolución, es evidente que el otorgar un trámite de audiencia a los solicitantes de la aprobación del PERI refuerza sus posibilidades de defensa y elimina cualquier hipótesis de anulabilidad fundada en tal motivo.

   2. En cuanto al informe jurídico de la Secretaria General, emitido en el expediente en el trámite de la aprobación inicial solicitada, dado todo lo antes expuesto, es obvio que, en cuanto al fondo y en lo sustancial del sentido de la resolución propuesta, este Letrado podría hacerlo propio. Naturalmente, como también se ha manifestado, algunos de los argumentos utilizados en aquél deben interpretarse a fortiori, es decir, en sentido de refuerzo de los argumentos principales -y para el consiguiente refuerzo de la razonabilidad de la resolución municipal-, los cuales, por sí mismos, determinaban ya la inviabilidad de la actuación propuesta.

   En este sentido, la falta de acreditación de la titularidad de los terrenos es una circunstancia absolutamente relevante para valorar la posición de los interesados en promover -o en oponerse a- modificaciones de planeamiento urbanístico, e incluso para estimarles legitimados en los recursos subsiguientes (SSTS de 14 de marzo de 1.995 -Ar. 5.834-, 30 de junio de 1.997 -Ar. 5.385- y 25 de marzo de 1.998 -Ar. 2.471-), lo que permite considerar plenamente acertado el examen llevado a cabo sobre este extremo por el informe de la Secretaria General.

   3. También por lo antes expuesto, parece innecesario volver a insistir ahora sobre las razones -contenidas en las consideraciones precedentes- que, inequívocamente, propugnan que el recurso de reposición sea desestimado en lo sustancial, sin perjuicio de otorgar al recurrente el trámite de audiencia antes de la resolución definitiva.

   4. Las veladas amenazas dirigidas a la Secretaria General en orden a la eventual exigencia de responsabilidades económicas, en mi opinión, no merecen mayor atención.

   Desde la perspectiva jurídico-administrativa, no se dan los requisitos para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

   Al interesado, seguramente le resultará algún daño (más bien la frustración de una expectativa, lo que tampoco sería indemnizable) de no poder llevar a cabo sus proyectos, pero tal daño no será antijurídico, sino que tiene el deber de soportarlo al haber proyectado algo en sí mismo contrario al ordenamiento jurídico aplicable, en este caso contrario al ordenamiento jurídico-urbanístico.

   Por otro lado, tal responsabilidad, cuando se dan los requisitos exigidos para ella -nunca en este caso-, nace en la Administración autora del acto que la genera, no en la de un funcionario que, simplemente, ha cumplido sus deberes legales según su leal saber y entender -con resultados, además, plenamente coincidentes en lo sustancial con la doctrina mayoritaria de los Tribunales-.

   En cuanto a otro tipo de responsabilidades, es obvio que menos se daría la civil ex art. 1.902 CC, cuya concurrencia exige la culpa acreditada del presunto autor del daño, culpa manifiestamente ausente de este caso -al margen de la ausencia de numerosos otros requisitos-.

   5. En cuanto a la posibilidad de emprender acciones contra los autores del recurso por diversas manifestaciones contenidas en el escrito de interposición, aunque es manifiesto que merecería figurar en los Anales del despropósito de las relaciones administrado - Administración, por su equivocada actitud general y la errónea elección de sus argumentos, no es susceptible de generar -con mínimas garantías de éxito- surgimiento de responsabilidades exigibles legalmente. Desde luego, no desde la perspectiva penal. Pero tampoco desde la civil, toda vez que, al enmarcarse tales manifestaciones en el contexto de un procedimiento administrativo interno y, en principio sin necesaria publicidad, y al referirse al menos en parte a crítica de opciones ejercitadas -legítimamente- por el respectivo órgano de gobierno de la Corporación, la jurisprudencia es muy refractaria a considerar este tipo de excesos verbales como sancionable civilmente, por muy desafortunados que sean.

   En conclusión de cuanto antecede, se considera que no es procedente en Derecho tramitar el Plan Especial a que aquí se ha hecho referencia, por los motivos de orden sustantivo y formal que han quedado expuestos.

   Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

   Madrid, para San Martín del Rey Aurelio, ut supra.

                                             A  P  É  N  D  I  C  E

            SELECCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO EXAMINADAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE DICTAMEN

   - STS de 23 de septiembre de 1.992 (Ar. 6.976):

   PERI: Carente de planeamiento general por anulación de éste. Mataró (Barcelona).

   - STS de 10 de octubre de 1.992 (Ar. 7.589):

   Plan Especial de protección de parque y preparque. El Brull - Montseny (Barcelona).

   - STS de 5 de noviembre de 1.992 (Ar. 8.673):

   Planes Especiales: Referencias al respecto que puede contener el planeamiento general. Benicasim (Castellón).

   - STS de 23 de febrero de 1.993 (Ar. 1.133):

   Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico. Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

   - STS de 20 de diciembre de 1.995 (Ar. 9.354) (A):

   Plan Especial de Accesos a Parque Metropolitano y Área Deportiva. Barcelona.

   - STS de 30 de julio de 1.996 (Ar. 6.635):

   PERI: Límites a su capacidad innovativa. Madrid.

   - STS de 20 de septiembre de 1.996 (Ar. 6.537):

   PERI: Capacidad innovativa. Zaragoza.

   - STS de 17 de febrero de 1.997 (Ar. 1.145):

   PERI: Límites. Vicálvaro (Madrid).
   
   - STS de 23 de mayo de 1.997 (Ar. 3.942) (T):

   PERI: Determinaciones y contenido documental. Málaga.

   - STS de 23 de junio de 1.997 (Ar. 5.364):

   PERI que altera previsiones del planeamiento superior. La Coruña.

   - STS de 22 de septiembre de 1.997 (Ar. 6.600) (T):

   Plan Especial autónomo de protección del medio natural: Fines, determinaciones, contenido documental. Campos (Baleares).

    - STS de 29 de septiembre de 1.997 (Ar. 7.319):

   Plan Especial de Canteras. Bunyola (Baleares).

   - STS de 20 de octubre de 1.997 (Ar. 7.501):

   PERI: Tramitación. Aprobación inicial, acto no impugnable. Marbella (Málaga).

   - STS de 23 de febrero de 1.998 (Ar. 3.076):

   PERI: Efectos de nulidad de planeamiento general preexistente. Palamós (Gerona).

   -   STS de 4 de marzo de 1.998 (Ar. 2.463) (T):

   PERI: Tramitación y contenido documental. San Vicente dels Horts (Barcelona).

   - STS de 29 de abril de 1.998 (Ar. 3.369):

   PERI que se mueve correctamente en el marco del planeamiento superior. Mataró (Barcelona).

   - STS de 7 de mayo de 1.998 (Ar. 3.619):

   PERI -Plan Especial de la Villa Olímpica-: Tramitación. Bañolas (Gerona).

   - STS de 25 de mayo de 1.998 (Ar. 4.372) (T):

   Plan Especial autónomo. Las Palmas de Gran Canaria.

   - STS de 2 de junio de 1.998 (Ar. 5.132):

   PERI: Límites. Recapitulación de doctrina legal. Valencia.

   - STS de 15 de junio de 1.998 (Ar. 5.434):

   PERI: Límites con relación a determinaciones del planeamiento superior. La Coruña.

   - STS de 30 de junio de 1.998 (Ar. 5.736):

   Plan Especial para los usos lúdicos de determinado espacio protegido. Barcelona.

   - STS de 16 de noviembre de 1.998 (Ar. 9.331):

   PERI: Límites. Tarragona.

   - STS de 23 de noviembre de 1.998 (Ar. 9.602):

   Plan Especial para localización de infraestructura de comunicaciones en conflicto con determinaciones del planeamiento general. Collserola (Barcelona).

 

   CURSOS

   JORNADAS SOBRE LA NUEVA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ANTICIPO DE UN LIBRO SOBRE LA MATERIA)

   Urbs.net / La Revista se honra en haber sido invitada a colaborar, junto a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, el Excmo. Ayuntamiento de la capital, y el grupo editorial de El Consultor de los Ayuntamientos –LA LEY, entre otros,  en la organización de unas Jornadas que, sin duda, marcarán un hito en el estudio del nuevo Derecho Urbanístico madrileño, de las que a continuación se inserta el Anuncio divulgativo. 

   Cabe aquí anticipar que aparecen concebidas como un Foro no meramente descriptivo o generalista sino de profundización intensiva en los principales contenidos de la nueva Ley del Suelo de la CAM. Esto es fácil deducirlo de las 17 Ponencias en que se han estructurado y que coinciden con un recorrido sistemático por los principales bloques normativos de la Ley.

   En cuanto a los Ponentes, junto a nombres de prestigio nacional en la materia consolidado hace ya mucho tiempo, destaca el panel de funcionarios directivos de la Dirección General de Urbanismo de la CAM a los que correspondió un papel decisivo en la conformación de lo que finalmente sería el proyecto de Ley remitido a la Asamblea, y diversos asesores de la Consejería del ramo en el proceso de gestación de dicho proyecto, por lo que sus opiniones tienen, obviamente, un valor añadido.

   Pero el plantel de Ponentes no se agota ahí sino que se completa con especialistas en la materia ejercientes en el sector privado, tanto en la faceta técnica como en la jurídica, que van a permitir captar las múltiples perspectivas desde las que puede enjuiciarse el proceso de implantación de un nuevo ordenamiento urbanístico autonómico en Madrid.

   Por otro lado, según fuentes a las que ha tenido acceso La Revista, las propias Jornadas forman parte de una iniciativa de más amplio alcance: FUNDESCAM acaba recientemente de aprobar la celebración de un convenio con el grupo editorial de El Consultor de los Ayuntamientos – LA LEY para la publicación de un libro sobre el “Derecho Urbanístico de la Comunidad de Madrid” después de la nueva Ley, para el cual se cuenta con todos los Ponentes de estas Jornadas, con los temas que en ellas imparten, más algunos otros (Paulino Martín, Secretario General del Ayuntamiento de Madrid; Luis Cosculluela Montaner y Martín Bassols Coma, Catedráticos de Derecho Administrativo; Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Magistrado del Tribunal Supremo, etc.) que cubrirán el resto de contenidos del nuevo Derecho autonómico. La Fundación regional ha elegido al citado grupo editorial al considerar que su “Derecho Urbanístico de Castilla y León”, publicado el año pasado en colaboración con la Junta de Castilla y León y ya agotado, ha sido la obra mejor valorada de cuantos textos se han publicado en materia de Derecho Urbanístico autonómico.

   Desde Urbs.net / La Revista, dejamos constancia de nuestro agradecimiento por invitársenos a colaborar en este auténtico evento, que deseamos sirva para el cabal entendimiento de una Ley francamente difícil, por lo que supone de intento de articulación coherente de innovaciones producidas en las legislaciones autonómicas de la última década.

                                                                  F  U  N  D  E  S  C  A  M
                Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid

                                           El Consultor de los Ayuntamientos – LA LEY

                 Excmo. Ayuntamiento de Madrid                          Urbs.net – La Revista
                                                                  Bufete Sánchez Goyanes

                                                                      JORNADAS SOBRE  

                                      LA LEY  DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

                                                    (Madrid, 19 a 21 de septiembre de 2001)

                          Coordinadores: Enrique Sánchez Goyanes y Fernando García Rubio

                                          Salón de Actos del Centro Cultural Buenavista
                                                             Avenida de los Toreros, Nº 5

   Miércoles, 19 de septiembre

   9,30 h.- Apertura de las Jornadas.

   10,00 h.- Clasificación, categorización y calificación del suelo, por Alfonso Arévalo Gutiérrez, Letrado - Secretario General Adjunto de la Asamblea de Madrid.

   11,15 h.- Régimen del suelo no urbanizable, por Mª Ángeles Ferre Moltó y Cristina Navajas Laporte (Dirección General de Urbanismo de la CAM). 

   12,30 h.- Régimen del suelo urbano consolidado. Actuaciones no integradas en unidades, por José Manuel Merelo Abela, Abogado urbanista. 

   16,30 h.- Régimen del suelo urbano no consolidado y urbanizable, por Beatriz Lobón Cerviá, Coordinadora de Servicios de la Dirección General de Urbanismo (CAM).

   17,45 h.- Técnicas equidistributivas de cargas y beneficios, por Ricardo Santos Diez, Doctor Ingeniero de Caminos, Licenciado en Derecho, Técnico Urbanista.

   18,45 h.- El planeamiento urbanístico general, por Enrique Porto Rey, Doctor Arquitecto. Profesor Titular de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.

   

   Jueves, 20 de septiembre

   9,30 h.- El planeamiento urbanístico de desarrollo, por Abel Enguita, Arquitecto, Profesor  de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.

   10,30 h.- Aspectos prácticos de la incidencia de la nueva Ley en la elaboración de los instrumentos de planeamiento, por Miguel Ángel López Toledano, Ingeniero de Caminos, consultor urbanista.

   11,45 h.- Ejecución del planeamiento. Gestión mediante unidades de ejecución. Sistemas de compensación (a iniciativa de los propietarios), cooperación y ejecución forzosa, por Ángel Dolla Cuartero, Jefe del Servicio de Urbanismo de la CAM.

   13,00 h.- La reparcelación, por Ángel Ballesteros Fernández, Secretario e Interventor de Administración Local. Técnico Urbanista.

   16,30 h.- Ejecución por adjudicatario en concurso, por Pedro Mª García Capdepón, Abogado Jefe del Dpto. de Urbanismo de Garrigues & Andersen.
   
   17,45 h.- La expropiación como sistema y como mecanismo para otros fines urbanístico, por Esteban Corral García, Doctor en Derecho, Secretario de Administración Local, Técnico Urbanista.

   18,45 h.- Intervención pública en la edificación, por Julio Castelao Rodríguez, Secretario de Administración Local, Profesor Doctor de Derecho Administrativo (Universidad San Pablo-CEU).

   
   Viernes 21 de septiembre

   9,30 h.- Obtención y ejecución de las redes públicas, por Francisco Javier 
Jiménez de Cisneros Cid, Profesor Titular de Derecho Administrativo (UAM).

   10,30 h.- El deber de conservación, las órdenes de ejecución y la declaración de ruina, por Enrique Sánchez Goyanes, Abogado, Profesor Doctor de Derecho Administrativo (UAM).

   12,00 h.- La Disciplina urbanística, por Fernando García Rubio, Profesor Asociado de Derecho Administrativo (Universidad Rey Juan Carlos I).

   13,00 h.- Derecho Transitorio, por Beatriz Lobón Cerviá, Coordinadora de Servicios de la Dirección General de Urbanismo de la CAM.

   14,00 h.- Clausura.

   Matrícula general: 50.000 ptas. Matrícula reducida (para cargos públicos y funcionarios de la Administración local y autonómica): 35.000 ptas. A ingresar en c/c de Caja Madrid 2038-1053-91-6000736415 a favor de FUNDESCAM.
   
   Las reservas de plaza se formalizarán con la recepción de la ficha y documento acreditativo de la transferencia a la c/c señalada mediante comunicación al Fax 91 – 302.95.00, por riguroso orden de recepción.
   Teléfono de información: 606.87.51.99.

   Ficha de inscripción

APELLIDOS.......................................................................................................................

NOMBRE...................................................................ENTIDAD.......................................

FUNCIÓN DESEMPEÑADA EN LA CITADA ENTIDAD............................................

DIRECCIÓN PROFESIONAL..........................................................................................

TELÉFONO DE CONTACTO...........................................................................................

FECHA EN QUE HA FORMALIZADO LA TRANSFERENCIA..................................